domingo, 3 de marzo de 2013

Un tributo necesario para preservar la Costa Cálida

MEDIO AMBIENTE CAMBIO CLIMÁTICO

La subida del nivel del mar obligará a invertir un mínimo de 45 millones para mantener las playas murcianas, advierte Greenpeace.

La foto principal muestra una vista aérea de La Manga y la escasa anchura
de sus playas. Arriba a la izquierda, dragado y bombeo de arena en Los Alcázares;
 a su derecha, arena depositada para regenerar una pequeña cala
tras un temporal. En la imagen de la derecha, un tractor extiende arena
nueva sobre una playa del Mar Menor. 
:: A. S. / J. M. R.
Muchos se preguntan en qué forma puede afectar el calentamiento global tanto a ellos como a sus hijos y nietos, aparte de vivir inviernos más benignos y veranos sofocantes que únicamente se podrían soportar en las playas. Pero la permanencia de éstas no estaría garantizada ante una eventual subida del nivel del mar en el litoral murciano.

La organización Greenpeace ofrece un dato muy concreto: preservar las playas de la Región costaría hoy 45.360.000 euros (7.547 millones de pesetas) si se materializara la más optimista de las previsiones; esto es, una elevación de 50 centímetros del Mediterráneo en las próximas décadas. Sería el tributo mínimo que habría que aportar para mantener la Costa Cálida y la industria turística sobre la que se asienta.
Una investigación del Instituto Español de Oceanografía confirma que las aguas del Mediterráneo ya han subido 20 centímetros desde mediados del siglo XX, con una media de 1,5 milímetros por año. Su previsión es que tal ritmo pase a ser de 3 milímetros anuales si prosigue el calentamiento global, hasta alcanzar un mínimo de 35 centímetros y un máximo de 60 para el año 2100.
El origen de esta elevación del mar tiene un punto concreto: el casquete polar de Groenlandia, una masa de hielo terrestre que cubre una superficie de 1.755.000 kilómetros cuadrados (el equivalente a 155 veces la extensión de la Región de Murcia), con zonas de hasta tres kilómetros de espesor. Su fusión, ya iniciada, bastaría para cumplir la citada previsión.
Aunque el deshielo del Océano Ártico resulta más acelerado -desde esta década se puede cruzar sin rompehielos durante el estío-, el Principio de Arquímedes (que se aprecia en el simple hecho de que un vaso de refresco no se desborda cuando se funden los cubitos) hace que sus efectos no sean radicales. Éstos sí lo serían si el continente antártico se suma al proceso, junto con los glaciares norteamericanos y siberianos. En tal caso, se materializaría una subida de al menos un metro en el Mediterráneo a finales de este siglo.
Dentro del litoral murciano, las zonas más vulnerables por el aumento del nivel del mar -y las consecuentes modificaciones en el oleaje y las corrientes- son La Manga, Cabo Tiñoso y Mazarrón, según resalta Greenpeace. La elevación de las aguas producirá inundaciones en las zonas bajas durante los temporales y una mayor erosión costera; la elevación de la temperatura causará la proliferación de algas; y la variación del oleaje dará lugar a importantes cambios en las formas de las playas y a la pérdida de estabilidad de obras marítimas, sobre todo con los temporales.
Primera inversión
La organización ecologista calcula que, en el caso de Murcia, la línea de playa retrocedería una media 16,29 metros ante una elevación de 50 centímetros, que es el pronóstico en el que coincide la mayoría de expertos en oceanografía para las próximas ocho décadas. Tal regresión se 'comería' la mitad de la extensión de las playas del Mar Menor. Para recuperar cada metro ganado por el mar, se tendría que aportar una media de 123 toneladas de arena, de acuerdo con los cálculos de Greenpeace.
La Región suma 252 kilómetros de costa, de los que 92,7 son de playas (la mitad, 44 kilómetros, en los dos lados de La Manga). Si las aguas subieran 50 centímetros, y teniendo en cuenta los costes actuales de dragado y aportación artificial de arena, restaurar las playas murcianas exigiría el desembolso de 45.360.000 euros, según concluye el informe 'Destrucción a toda costa 2012' de Greenpeace. Y eso sería la primera inversión. Cada año habría que aportar una cantidad en función de la arena que se perdería por la acción de corrientes marinas y la frecuencia de temporales, que habrán variado para entonces.
Igualmente se tendrían que levantar diques de contención para evitar la inundación de zonas bajas de la costa murciana (sobre todo, humedales). Greenpeace calcula que supondría una inversión de 10.143.000 euros bajo los costes actuales. La protección de acantilados con escolleras se llevaría otros 12.065.760 euros.
En suma, si se materializara mañana mismo, la subida del nivel del mar en Murcia requeriría de las arcas públicas el gasto de 67.568.760 euros.
Para estos datos, Greenpeace parte del hecho de que la regeneración de un metro cúbico de arena gruesa o fina tiene un coste aproximado de entre 4 y 5 euros (495 euros cada metro lineal recuperado, en este caso), mientras que la construcción de una escollera de tipo 'grandes bolos' supone, por su parte, un gasto de entre 9 y 12 euros el metro cúbico de hormigón.
La regeneración de playas con arena de los fondos marinos está lejos de ser una hipótesis. Los dragados sistemáticos empezaron en España a partir de 1986, con la intención de regenerar las playas del Maresme, pero en un volumen muy modesto. Debido a la creciente demanda de arena por parte de los municipios turísticos para el recrecimiento de sus playas, en los años noventa se llegaron a dragar del fondo marino hasta 25 millones de metros cúbicos en un año, equivalente a la carga de medio centenar de superpetroleros. La kilométrica playa de San Juan (Alicante) se creó así, desde cero, en esos años. Entre 2004 y 2007, el Estado se gastó 160 millones de euros en ese tipo de actuaciones. Greenpeace calcula que la subida del nivel del mar en medio metro hará que tal desembolso rebase los mil millones. Para ser exactos, 1.230.725.457 euros para restaurar los 1.568 kilómetros de playa que suma el litoral español.
¿Y si se cumplen las previsiones más pesimistas? Si el nivel del Mediterráneo subiera un metro, el retroceso de la línea de playa sería de 32,5 metros, suficiente para que desaparezca la mayoría de playas del Mar Menor y las calas del resto del litoral.
Bajo tal perspectiva, sería necesario reponer 250 toneladas de arena para recuperar cada metro sumergido por el avance del mar, con un coste de 1.003 euros. De ese modo, la inversión en restaurar las playas murcianas, así como en proteger las zonas bajas y los acantilados se dispararía hasta los 114.213.456 euros; que serían 3.415.896.528 euros en el conjunto de España. Para hacerse una idea de tales magnitudes, cabe recordar que el presupuesto nacional para actuaciones en la costa fue de solo 104 millones el pasado año.
Planes de gestión
Greenpeace resalta que no desarrollar planes de gestión a largo plazo «solo incrementará el flujo de dinero público de forma exponencial» durante las próximas décadas para preservar la costa.
¿Como financiar tales planes? La organización propone la constitución de una agencia nacional costera, con delegaciones autonómicas, que gestione un fondo de conservación del litoral. Éste se nutriría de las tasas, cánones y tributos (incluyendo el IBI) relativos al uso de la costa.
Greenpeace destaca que se trataría de una partida relativamente pequeña si se tiene en cuenta de que el turismo costero es uno de los puntales de la economía. Solo en la comarca del Mar Menor genera 500 millones anuales, según el Gobierno regional. ¿Qué sería de esa zona si sus playas fueran tragadas por las aguas?
Fuente: www.nuestra-tierra.laverdad.es

Negocios verdes contra la crisis

PESCA | Prometen ayudas a la flota


Los ministros de Pesca de la Unión Europea han cerrado un acuerdo, tras cerca de 20 horas de negociación, para apoyar una prohibición de los descartes con aplicación escalonada y con "casi ninguna excepción", según ha anunciado en rueda de prensa el ministro irlandés y presidente de turno de la UE, Simon Coveney.
El calendario de plazos y la posibilidad de flexibilizar el veto a los descartes han sido los principales escollos de una negociación "dura" y con "cierta tensión" entre las delegaciones, que finalmente se ha resuelto con un calendario progresivo que arrancará en 2014 con las especies pelágicas (de la costa) y que permitirá "muy pocas excepciones", según Coveney.
Este es uno de los puntos más delicados de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que los Estados miembros deben negociar aún con el Parlamento Europeo, pero no el único. Si los ministros logran un acuerdo total sobre el resto de elementos en su próxima reunión de marzo, podrán iniciar los contactos con la Eurocámara para negociar la reforma que confirme el fin de los descartes.
En concreto, lo que defenderán los 27 es que la obligación de desembarcar todas las capturas en puerto por el fin de los descartes se aplique de manera casi inmediata, el 1 de enero de 2014, para las especies pelágicas, mientras que se empiece a introducir en 2015 en elmar Báltico, en 2016 en aguas del noroeste y suroeste, además de en el mar del Norte, y, finalmente, en el Mediterráneo desde 2017.

Aplicación en el Báltico en tres años

Con el objetivo de dar más tiempo a la flota para adaptarse a estos cambios, los 27 son partidarios de permitir una aplicación "paulatina" de tres años en el Báltico, aguas orientales y mar del Norte. En el caso del Mediterráneo, esta introducción por etapas será de dos años, pero se retrasa su comienzo hasta 2017.
En el debate público que ha puesto fin a las cerca de 20 horas de negociación, el ministro irlandés ha expuesto los detalles de su propuesta de consenso y ha advertido de que "no habrá excepciones ni para el ochavo, ni para la bacaladilla", pese a ser una reivindicación de varios países, entre los que destacaba España.
A cambio de esta concesión, Coveney ha ofrecido que la llamada 'regla de mínimos', esto es, un porcentaje de descartes autorizados sobre el total de capturas sometidas a cuota se aumentara del 5% al 7%, frente al 10% que reclamaban España, Francia y otros países con grandes flotas.
La fórmula del 7% de excepción se aplicaría de manera escalona en un plazo de cinco años, siendo del 9% los dos primeros años, del 8% los dos siguientes y alcanzando el 7% en el quinto año.
La solución propuesta por Irlanda ha contentado a los Estados miembros, con la excepción de Suecia, uno de los países con posiciones más estrictas respecto a la tolerancia cero con los descartes y que no ha apoyado el texto final.

Ayudas para la flota

La comisaria de Pesca de la UE, Maria Damanaki, ha dicho en rueda de prensa que valora el consenso logrado por los Veintisiete, pese a que es menos ambicioso que su propuesta inicial, porque considera que los ministros "han dado un paso adelante" con respecto a sus ideas del pasado año.
"La Comisión tiene presente la preocupación de los Estados miembros y en abril discutiremos sobre la financiación. Vamos a facilitar todos los medios para adaptar la flota a una situación totalmente nueva", ha anunciado Damanaki, en referencia al reparto de las ayudas del nuevo Fondo de pesca y asuntos marítimos para el periodo 2014-2020 que los ministros deben debatir en próximas reuniones.
La comisaria ha recalcado el "cambio importante" que ha supuesto el acuerdo de esta madrugada a 27 para marcar las negociaciones con la Eurocámara, partidaria también de un calendario progresivo para el veto a los descartes, y ha celebrado que se hayan fijado "plazos claros"
Fuente: www.elmundo.es