El vaciado ilegal de la cantina de los barcos, maniobra que se emplea habitualmente para burlar el coste de liberar las sustancias en depósitos una vez la embarcación fondea en el puerto, supone la principal fuente de contaminación marítima. Incluso por encima de los vertidos causados por accidentes. Así lo advierten las autoridades tras constatar que los accidentes lanzan al mar unos 0,6 millones de toneladas de hidrocarburos anualmente por los 2,5 millones que vierten estos vaciados, según ha detallado la agencia Efe.
Estas prácticas generan graves repercusiones en los ecosistemas marinos y en la actividad turística. Las distintas administraciones emplean cada vez más medios de aéreos de reconocimiento, además de una vigilancia en imágenes obtenidas por satélite e inspecciones en los puertos.
La organización marítima internacional y los estados marítimos de la UE se han comprometido a revisar el 25% de todos los buques extranjeros que lleguen a su puerto, en función de la bandera, la compañía y su historial de navegación.
La UE revisa el 25% de los barcos que llegan a los puertos comunitarios.
Todos los océanos padecen este tipo de vertidos pero la contaminación afecta más algunas zonas que otras. Los vertidos operacionales realizados al margen de la normativa que regula la contaminación marina afecta especialmente a mares relativamente cerrados como el Mediterráneo. este representa solo el 1% de la superficie oceánica global pero soporta el 30% del tráfico mundial de petróleo.
En Cataluña, este volumen de tráfico incide especialmente en Tarragona. Los juzgados mantienen tres causas abiertas relacionadas con vertidos en la provincia y ha imputado a dos directivos de Repsol por uno de ellos, aunque en ningún caso las pesquisas han terminado en condena.
La principal dificultad consiste en denunciar con pruebas a los buques contaminantes.
Estas prácticas generan graves repercusiones en los ecosistemas marinos y en la actividad turística. Las distintas administraciones emplean cada vez más medios de aéreos de reconocimiento, además de una vigilancia en imágenes obtenidas por satélite e inspecciones en los puertos. En algunos casos, se puede llegar a detener el buque para que no navegue si se comprueba que es el responsable de algún vertido.
La investigación de la fiscalía es una medida habitual que no anticipa ninguna derivación penal. La Fiscalía de Tarragona mantiene una intensa coordinación con Salvamento Marítimo, que ha sido clave para abrir tres causas judiciales tras los vertidos detectados. El problema es la dificultad de acusar con pruebas y testigos, señalan fuentes judiciales.
Las empresas, por su parte, suelen demorar al máximo los procesos para dificultar que la fiscalía pueda demostrar los perjuicios causados en un medio tan cambiante como el marino.
"Todo vertido es una agresión al medio ambiente", ilustra Ramon Martín, catedrático de la Universidad de Alicante y especialista en Derecho Ambiental. "El delito depende de la magnitud de la agresión. El problema en estos casos es precisar la agresividad del vertido con el medio. Demostrar los daños causados al mar, por ejemplo, resulta más complejo cada día que pasa", señala.
En su lugar, las empresas suelen afrontar multas administrativas. El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat ha impuesto 14 sanciones en cinco años, la mayor de 90.000 euros. "Es una invitación para que las empresas sigan contaminando", lamenta un portavoz de Greenpeace.
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